El clamor de una nación que se niega a suicidarse- Editorial de Libertad Digital

Decenas de miles de personas arroparon ayer con su presencia el acto convocado por las víctimas del terrorismo en contra de la rendición de la nación española ante una banda terrorista. Ni el desprecio de los principales partidos políticos, ni el vacío orquestado por la mayoría de medios de comunicación, pudo impedir ayer que el clamor de las víctimas del terrorismo se escuchara en el centro de la capital de España, en uno de los lugares que mejor simboliza el sufrimiento de las víctimas del terror nacionalista de los terroristas de ETA como es la Plaza de la República Dominicana, escenario de uno de sus atentados más sangrientos.

Los espléndidos discursos de las víctimas participantes en el acto, además de la emoción de su desgarro, fueron el acta de acusación formal contra un régimen político que, con el consenso de sus principales agentes, pretende orquestar una nueva etapa de concesiones a una banda terrorista para que obtengan por la vía del trapicheo clandestino lo que no consiguieron asesinando.

Ninguna nación libre puede admitir que la sangre de 859 españoles inocentes sirva como moneda de cambio para negociar con los culpables de tanto dolor. No sólo por el respeto reverencial que las víctimas del terrorismo merecen, sino porque esa claudicación ante el terror sería el fin de nuestro estado de derecho.

Toñi Santiago, madre de Silvia, la niña de tan sólo seis años asesinada por la ETA en Santa Pola en 2002, resumió perfectamente en una frase la cuestión principal que se dirime en esta humillante escalada de genuflexiones ante los asesinos terroristas, cuando proclamó que no se puede premiar a los asesinos a costa del sufrimiento de todas las familias destrozadas por ellos. En efecto, por desgracia, eso es exactamente lo que están intentando por todos los medios instituciones sedicentemente democráticas como el gobierno vasco con el silencio culpable y el apoyo cómplice del resto de los actores de esta asquerosa trama.

En el acto de repulsa a las concesiones a los asesinos estuvieron presentes, entre otros políticos, algunos representantes del Partido Popular, pero eso sí, "a título personal". Estaría bien que también a título personal hicieran todo lo posible para que su partido defienda, de una vez y con claridad, el derecho de una nación libre a no arrodillarse frente a una banda de asesinos terroristas. Las víctimas están esperando ese pronunciamiento. Sus votantes también.

Fuente:libertaddigital.com

Empiezo a entender qué son las reformas estructurales- Leopoldo Abadía

Todos hablan de que hay que hacer reformas estructurales. Todos vienen a decir algo así como: “¡Pobre próximo Gobierno, que va a tener que decir la verdad!”

Es una pena, desde luego, porque, a base de decir cuentos y soltar bobadas, seguimos pensando que, con un poco de suerte, pasamos el apuro y volvemos a aquellos felices tiempos en que se nos fue la olla y creímos que éramos muy ricos y que, además, teníamos derecho a ser siempre ricos y que el que no fuera rico, allá él; porque o era tonto o se le había ocurrido nacer en Somalia o países limítrofes. ¡Que hubiera nacido en Cuenca!

Y, además, éramos europeos y nuestra economía era sólida como una roca y éramos el número no sé cuántos del mundo y los que estaban antes de nosotros en la clasificación temblaban porque les íbamos a pasar en un decir Jesús.

En 1745, en un pueblo de Álava, nació un chaval que se llamaba Félix María de Samaniego. Cuando se hizo mayor, se ganaba la vida escribiendo fábulas. (Siempre ha habido gente rara).

Escribió una, que se hizo famosa, que se titulaba “El cuento de la lechera”. Ya sabéis el argumento: una moza que “llevaba en la cabeza el cántaro al mercado” y que, como era eso que luego se llamó optimista antropológica, o sea, de las que no saben dónde pisan, se le ocurría decir (en verso), cosas tales como “¡Yo sí que estoy contenta con mi suerte!”

Frase que, por esas conexiones mentales extrañas que tengo de vez en cuando, me recuerda aquello de “La venganza de D. Mendo”: “¡Infeliz del varón, que nace, cual yo, tan guapo!”.

Lo malo no es decir eso cuando eres guapo. Lo malo es decirlo cuando eres feo y te crees guapo. Eso es malo. Y peligroso.

Al final, la pobre lechera, que era bastante boba, “con este pensamiento enajenada, brinca de manera que, a su salto violento, el cántaro cayó”.

Samaniego, que era un profeta, aunque no esté catalogado como tal, acaba diciendo: “¡Oh loca fantasía! ¡Qué palacios fabricas en el viento!…No anheles impaciente el bien futuro. Mira que ni el presente está seguro”.

Mientras estoy con Samaniego, recibo una carta de un amigo mío. Dice cosas interesantes:

1. Que la banca europea está mal, por los activos tóxicos. O sea, por esas cosas que tienes, que dices que valen mucho, pero que, en realidad, valen poco.

2. Esos activos tóxicos son de dos clases (seguro que hay más clases, pero mi amigo habla de dos, supongo que para no liarla demasiado):

a. Activos inmobiliarios, que se han quedado/tragado las entidades financieras y que están tratando de digerir, poniendo buena cara. (“Poner buena cara” quiere decir mantenerlos en el activo al precio original y no al precio real, el de hoy).

b. La famosa deuda soberana. Por ejemplo, en España, los bancos y cajas tienen deuda soberana española, por un importe de 222.000 millones de euros. En otras palabras, han prestado dinero a España por esa cantidad.

c. España parece que aun es de fiar, aunque alguna gente mala le quiere aplicar una quita del 20 %, quita que hace que los Bancos y Cajas que han puesto ese dinero estén un poco nerviosos.

d. Otros bancos de otros países están más preocupados, porque le prestaron dinero a Grecia, o sea, a esos chicos de los que se ha dicho que no se les debía haber dejado entrar en la Unión Europea. Pero como les dejaron, alguien se va a tragar una quita del 60 % sobre ese préstamo.

e. Mi amigo echa la culpa de todo eso a las presiones políticas. Según él, los 222.000 millones de euros que los bancos le han prestado a España son una especie de “bonos patrióticos”. El Gobierno de turno (y el anterior y el otro) se han dirigido a los bancos y cajas y les ha dicho: “La Patria os necesita”. Y los bancos y cajas, patrióticos ellos, han contestado: “¡Faltaría más!” Y se han puesto en cola para prestar dinero a España.

f. Total, que entre lo inmobiliario y lo soberano, las entidades financieras andan mal.

g. Según mi amigo, “nada (de dinero) o muy poco ha quedado disponible para el deprimido sector privado, que es el creador (el subrayado es mío) de puestos de trabajo”.

h. Y mi amigo, que es muy buena persona, pero a veces un poco mal pensado) me dice: “¿Será esto la antesala, mejor dicho, la excusa, para una futura nacionalización de la banca?”

Mi amigo remata su argumentación, diciendo que, a él, “los bancos no le han hecho favor alguno, pero que quiere dejar las cosas claras”.

Ahora ya no sé qué pensar. Porque yo estaba convencido -y sigo estándolo- de que las entidades financieras lo han hecho muy mal.

Pero, por lo que parece, los gobiernos, también.

Y, durante unos años, como la lechera de Samaniego, hemos vivido de un modo que no era real, pero como nos gustaba tanto…

Vuelvo al primer párrafo: “¡Pobre próximo Gobierno, que va a tener que decir la verdad!”

En realidad, la verdad es muy fácil de decir. Yo creo que solo hay que decir las siguientes cosas:

1. Hay que hacer reformas estructurales. No sé qué quiere decir eso. Cuando me pasan cosas así, intento discurrir, a ver si se me ocurre algo, cosa que a veces sucede y otras no.

2. Después de discurrir, pienso que “reformas estructurales” deben ser las que afectan a la estructura, o sea, a “la distribución y orden de las partes importantes de un edificio”.

3. Cuando miro el edificio de España, veo que hemos puesto 17 pisos, (les llamamos autonomías), además de otro piso, el 18, propiedad de la Administración central.

4. El terreno sobre el que se asienta ese edificio, que es alto -18 pisos son 18 pisos- es pequeño. Para colmo, me acabo de enterar que el Big Ben de Londres, desde 2003, se va inclinando 0,9 milímetros por año, que parece una nimiedad, pero que como desde 2003 hasta ahora han pasado 8 años, resulta que ya se ha inclinado 7,2 milímetros y que, como siga así, un día se cae.

5. Entonces, como el próximo Gobierno tiene que decir toda verdad desde el primer día, de modo que si cuando toman posesión está lloviendo, no puede decir “Buenos días”, en el primer discurso el nuevo Presidente tiene que decir a los españoles:

“Mirad, majos, hace ya bastantes años decidimos establecer 17 Comunidades autónomas, y todos nos fuimos a casa muy contentos.

Por una serie de cosas (aquí puede hablar de lo malos que son los mercados y lo malos que son los americanos), me gustaría comprobar que las 17 hacen falta.

Porque quizá podríamos juntar dos o tres y quedarnos solo con 14 o 15.

Además, algunas de las Comunidades Autónomas (si el discurso le coge un poco bajo de tono, puede decir ´bastantes´, ´muchas´, ´casi todas´) han hecho cosas, no digo malas, sino mejorables (si el discurso le coge un poco bajo de tono, puede decir ´horrorosas´, ´espeluznantes´ o ´increíblemente absurdas/idiotas´), pues resulta que andamos mal de perras”.

Como un poco de demagogia en los discursos siempre viene bien, puede añadir:

“Y, para colmo, los malvados mercados no nos quieren prestar dejar dinero o nos lo dejan caro, porque dicen que sí, que hacemos las cosas bien, pero que las podíamos hacer mejor”.

Estuve ayer en un programa de televisión. Me preguntaron si era moral que se efectuasen recortes en sanidad y educación. O sea, la preocupación de siempre.

Les dije que no me gusta nada lo de los recortes, pero que con un modelo de Estado como el que tenemos y un comportamiento enloquecido de muchos de los que lo dirigen (¿?), habrá recortes en sanidad, en educación y hasta en el chocolate del loro, expresión, por cierto, que nunca he sabido de dónde ha salido.

Y les dije -no sé si se lo dije, pero se lo tenía que haber dicho- que si nos fijamos en la sanidad y en la educación, y en el chocolate, nos distraemos contemplando los síntomas y no atacamos la enfermedad.

O sea, que en el primer discurso, el nuevo Presidente puede perder de entrada unos cuantos amigos diciendo al pueblo español simplemente:

1. Voy a ver si lo de las 17 Autonomías sigue siendo válido.

2. Voy a ver cómo han gastado los dineros cada una de las 17.

3. Y de aquí a un mes, vengo y se lo digo.

Por supuesto, antes le debería llamar a Merkel y decirle: “Angela, pon la tele, que a las 9 salgo y quiero que te enteres de lo que voy a decir”.

P.S. Lo de perder amigos es desagradable, pero ¿no habíamos quedado de acuerdo en que hay que ser honrados?

Fuente:elconfidencial.com

El presente y el difícil futuro de Novacaixagalicia

"Oh vosotros, los que entráis, abandonad toda esperanza ", rezaba en el marco de las puertas del infierno de Dante. Un lema similar se podría grabar en la sede de la entidad gallega, cuyo viaje iniciático no acaba más que de empezar, y a la que le esperan todavía los momentos más duros. En su camino, si bien no sirve de consuelo, comparte destino con muchas otras (CCM, CAM, UNIMM, Catalunya Caixa...), actuando el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (Mafo), a modo de Mefistófeles del otrora glorioso, y hoy ruinoso, sector de las Cajas de Ahorro patrias.
En estos días nos hemos desayunado con la polémica, más bien anecdótica, acerca de las liquidaciones millonarias que están percibiendo los antiguos directivos de Caixa Galicia y Caixa Nova, a cuenta de los programas de prejubilaciones y los procesos de renovación de la cúpula directiva que ahora lidera José María Castellano. Si bien hay que reconocer que el asunto se ha llevado con evidente torpeza, puesto que es difícil entender para un contribuyente el por qué se les prejubila con cifras millonarias a directivos que han llevado a las entidades a la nacionalización.
Ante el escándalo y malestar de la sociedad, el Consejo ha reaccionado y anuncia que "investigará las indemnizaciones millonarias de los directivos", lo cual no deja de ser un eufemismo, dado que no hay nada que investigar, ya que son directivos que compartían hasta ahora cuadro de mando con la actual cúpula, y de cuyas liquidaciones son perfectamente conocedores, entre otras cosas, porque las han tenido que autorizar. Pero más allá de tácticas dilatorias con las que tratar de echar tierra y tiempo al asunto, resulta de mayor interés centrarnos en la parte del león en lo que a NovaCaixaGalicia se refiere, y esto no es más ni menos que su situación actual, y previsible evolución futura.
La semana pasada culminaba un proceso gestado hace meses, mediante el cual el Gobierno y el Banco de España han tratado de reestructurar las Cajas de Ahorros españolas, tratando de dar solución, por una parte, a los requisitos impuestos desde nuestros administradores concursales nacionales (esto es, Bruselas), y por el otro, recapitalizar las entidades, concentrándolas en bancos, para supuestamente lanzarlas a mercado y asegurar su supervivencia.
El proceso ha sido largo y plagado de dificultades más que previsibles: resistencias por parte de los Gobiernos Autonómicos, oposición y dilatación en el tiempo por parte de unos directivos con mucho que ocultar, impotencia del Banco de España a la hora de imponerse a las entidades, problemas políticos derivados de la pérdida de poder financiero a nivel regional...
En el caso que nos concierne, la solución pasó por la creación de una "gran Caja gallega", del gusto de todos los políticos locales y autonómicos, defendida a capa y espada como mejor opción "para mantener el ahorro de los gallegos en Galicia", "para evitar que el ahorro y la inversión de los gallegos acabe controlada desde Madrid". Todo muy patriota y muy gallego.
El intento fallido de captar inversores
Una vez optada por esta vía, las condiciones establecidas por el Gobierno eran claras, segregación del negocio hacia una nueva entidad con ficha bancaria y salida a mercado, bien en Bolsa, bien mediante inversores privados, quedando la antigua Caja con estructura de Fundación, a través de la que canalizar las actividades específicas de obra social.
Este proceso tiene una parte burocrática, que se completó sin incidencias, y una parte financiera, que es donde era previsible, y de hecho se produjeron, la mayor cantidad de problemas. Para sacar al mercado una empresa, es necesario valorarla a fin de establecer un precio de las acciones, que los mErcados y los inversores puedan utilizar para decidir si optan por entrar en la misma y en qué volumen. Una valoración excesivamente cara dará lugar a una falta de interés por parte de los inversores, a lo que se unen las especiales circunstancias de falta de liquidez que estamos viviendo (véase el caso de la OPV de Loterías, fiasco épico y muy caro para los bolsillos de los españoles). Una valoración excesivamente barata sembrará dudas entre los inversores, que en estos tiempos, más que ver un regalo, lo que ven es un muerto.
Por otra parte, la entrada en el capital con fuertes paquetes de inversión requiere del acceso a los libros por parte de los grandes inversores, y ha sido práctica habitual en estos tiempos el negar el mismo, como si un gran patrimonio decidiera invertir cifras millonarias en un proyecto basado en un Powerpoint y un folleto para mercado minorista.
A esta actividad, y es de suponer que es la razón del fichaje de José María Castellano, se dedicó la nueva cúpula del recién nacido banco, a captar inversores dispuestos a adquirir participaciones relevantes, iniciando para ello una gira por diversos países, en los que supuestamente el prestigio y contactos de este nuevo equipo actuaría como catalizador de la captación de capitales interesados en entrar en esta nueva fase de la megaCaja o megaBanco gallego. Sin embargo, las semanas y los meses han ido pasando, sin que apareciera nada en concreto. Mientras, el Banco de España ha ido concediendo plazos cada vez más dilatados, con el fin de cerrar definitivamente el proceso, con resultados negativos hasta el momento.
Nacionalización a precio de saldo
Presionado por los calendarios, finalmente el Banco de España opta por la nacionalización de NovaCaixaGalicia, adquiriendo el 93% de las acciones del banco a través del FROB, mediante una valoración que supone un 88% de descuento sobre el valor en libros, lo cual podría interpretarse como un puro valor de liquidación, aunque otros lo ven como una valoración ridícula, realizada para regalarles a los futuros inversores la joya de la corona a precios de risa.
Con este acto, el FROB inyecta 2.465 millones de euros, apuntalando de este modo el "core capital" de la entidad, con el fin de cumplir con los requerimientos del 10% respecto a activos ponderados por riesgo. Al final, a la Xunta de Galicia le han pegado un revolcón, pues si bien se apresuró a anunciar que NCG ostentaría un 15%, finalmente se ha quedado en un exiguo 7%. Ya se sabe que, quien paga, manda.
Un plan de viabilidad irreal
Hasta el momento, debemos recordar que la aventura de NovaCaixaGalicia ha costado a los españoles la friolera de 3.627 millones de euros, esto es, 603.482 millones de las antiguas pesetas. El destino de dichos fondos ha sido principalmente el pago de prejubilaciones y reducción de estructura. Y esto nos lleva al asunto de verdadero interés: la viabilidad del Plan presentado por la Dirección.
En dicho Plan, del que apenas se conocen unas páginas de Powerpoint, a pesar de que son los contribuyentes españoles los que financian la operación, la apuesta por el futuro de la entidad se sustenta en el incremento de eficiencia derivado del ajuste de infraestructura y personal. Sin embargo, dicho Plan está lleno de sombras e incógnitas sin resolver. Entre ellas, destacan las siguientes:
El Plan no contempla escenarios futuros fuertemente adversos: crisis de la eurozona, incrementos de morosidad hasta los dos dígitos, estrechamiento de márgenes o continuación de la sequía en los mercados mayoristas, entre otros.
Fiar la viabilidad a un aligeramiento estructural de la entidad, si bien es un punto esencial para la recuperación del equilibrio, no deja de ser un atajo fácil, financiado con dinero público, con el que enterrar posibles conflictos.
Como en el resto de Cajas de Ahorros españolas, se sigue imponiendo la "omertá", es decir, el pacto de silencio cómplice entre el Banco de España y los directivos. Y es que, a día de hoy se desconocen las cifras reales en balance, la concentración de riesgo en el inmobiliario, la morosidad real que están soportando, las prácticas que han llevado a estas entidades a la insolvencia. Todo ello es un lastre que genera desconfianza en los inversores internacionales, y que acabamos pagando todos con mayores tipos de interés y sequía crediticia.
Es decir, el Plan de viabilidad presentado por la caja se centra en la reestructuración organizativa mediante el recorte de plantilla y oficinas, sin prestar atención al meollo de la cuestión: el necesario saneamiento del balance, como resultado de la depreciación de activos inmobiliarios y el aumento de la morosidad de promotores y particulares. Ante tal situación, según las fuentes del sector consultadas, no es de extrañar que a NovaCaixaGalicia le esperen nuevos capítulos por escribir, y no agradables precisamente.

Fuente:libertaddigital.com

La insostenibilidad del gasto social . La derecha conservadora y antiliberal, ante la crisis de deuda

FERNANDO SERRA

Aunque las crisis económicas generan sobre todo penalidades, también sirven para incentivar el ahorro, fundamento básico de todo desarrollo capitalista, y para reasignar las inversiones excesivas o mal orientadas hacia actividades con mayor capacitad de generar riqueza. También los ciclos depresivos deberían aportar enseñanzas a analistas, agentes económicos e incluso a políticos para evitar que se vuelva a caer en errores anteriores.

La crisis actual se gestó por una política monetaria excesivamente laxa por parte de la Reserva Federal desde el inicio de la pasada década y por el Banco Central Europeo después, lo que multiplicó las inversiones con financiación ajena. Se hizo patente cuando muchos activos, los inmobiliarios especialmente, llegaron a estar tan revalorizados por la expansión crediticia que los bajos rendimientos obtenidos con ellos hicieron que a sus dueños les interesara más venderlos.

Estalló entonces la burbuja inmobiliaria que paralizó al resto de los sectores productivos y afectó también a un sistema financiero demasiado expuesto al mercado de la vivienda y ya pervertido por haber solapado muchos años atrás dos negocios bien diferentes. Es decir, por permitirse que una misma entidad pueda endeudarse a corto plazo con sus depositantes y que utilice este dinero ajeno para realizar inversiones a largo, préstamos hipotecarios sobre todo, sin mantener una reserva fraccionaria suficiente que garantice su solvencia. Se creó por tanto un sistema bancario insolvente por naturaleza.

El error del keynesianismo

El ciclo depresivo se agravó cuando los gobiernos aplicaron políticas keynesianas que vanamente intentaron reactivar la "demanda agregada", es decir, el consumo y la inversión, con planes artificiales de estimulo que desincentivaron el ahorro y provocaron enormes desequilibrios fiscales y endeudamientos nunca conocidos. Ha hecho falta en consecuencia emitir deuda pública de forma masiva y con vencimientos agobiantes, lo que ha absorbido recursos y gran parte de la oferta crediticia del sistema bancario, cerrándose entonces el grifo financiero hacia actividades productivas.

Los ajustes realizados, primero por el sector privado de forma espontánea y tardíamente decretados en el público, han determinado que las economías más estancadas apenas generen recursos suficientes para saldar sus deudas y que las administraciones sean incapaces de amortizar sus obligaciones de pago porque, al necesitar refinanciarse una vez tras otra, las emisiones de deuda son cada vez más costosas dado que los inversores reclaman lógicamente mayores intereses, y porque además la fuente de ingresos impositivos ha quedado casi agotada.

Esto ha llevado a los países más despilfarradores al borde de la suspensión de pagos y a que los menos endeudados acudan en su ayuda con préstamos pera salvar la moneda o el sistema financiero que comparten, pero ello hace que también los segundos sufran mayores desequilibrios en sus cuentas y que su actividad se frene igualmente.

La crisis puede haber llegado a un punto de no retorno porque si se deja quebrar a los países más insolventes o se producen salidas desordenadas de la eurozona, posiblemente se desencadene una crisis bancaria similar a la de la Gran Depresión. Por el momento, lo que ya se ha generado es un círculo vicioso que está precipitando a las economías hacia una segunda recesión, agudizada este verano cuando una parte sustancial de la deuda privada es más difícil de saldar debido a que muchos valores cotizados se han desplomado.

Los problemas del euro y los mercados laborales

Una crisis tan compleja y extensa debería aportar muchas y nuevas enseñanzas, aunque tal vez lo más sorprendente es que no ha evitado caer en viejos errores. Ya se sabía que cuando se establece un área económica con moneda única hace falta fijar unos criterios comunes de homogeneidad y estabilidad. Al crearse el euro los países integrantes quedaron sometidos a una única autoridad monetaria que fija iguales tipos básicos de interés y obligados a mantener una inflación controlada y unas cuentas públicas relativamente equilibradas en cuanto a déficit y deuda. Quedaba por aprender, y los inversores del mercado de deuda soberana nos han enseñado en estos años de crisis, que también hace falta que exista en la zona euro otros factores de homogeneidad tan importantes como los establecidos en Maastricht.

Es bien sabido, por ejemplo, que un espacio económico con moneda única no puede subsistir sin total libertad de movimientos del factor capital y del factor trabajo, y así quedó establecido sobre el papel. Pero mientras que esto resulta real con relación al capital, no existe en la práctica cuando la mano de obra intenta desplazarse por una zona monetaria que mantiene muy diferentes regulaciones laborales. Los agentes de cualquier mercado cuentan con una información parcial y los que operan en los de deuda podrían considerar que una divergencia en las tasas de paro es señal suficiente para desconfiar de la solvencia de los países que sufren mayor desempleo.

Sin embargo, los inversores financieros exigen mayor información y, cuando se deshacen de títulos de deuda o reclaman una mayor prima de riesgo a la hora de adquirirlos, muestran su rechazo a mercados laborares poco flexibles como el español, con modelos de contratación rígidos y con intervenciones sindicales que obligan a revisar salarios de acuerdo con la inflación. Los mercados de deuda castigan, en suma, que no sea posible ajustar los costes laborales al incremento de la productividad marginal del trabajo o, dicho con otras palabras, que los salarios no reflejen la contribución del trabajador al aumento de la utilidad del producto o servicio.

La crisis del mercado de deuda ha venido a confirmar que la rigidez laboral que sufre España es incompatible con su integración en el euro y tiene un elevadísimo coste en desempleo.

El peligro de la inflación

Más enseñanzas se deducen del proceso que ha terminado en la crisis de solvencia que padecemos. Experiencias anteriores ya han demostrado que creando dinero por encima de lo que crece la economía solamente se consigue aumentar la inflación, lo que provoca a su vez que los tipos de interés reales, los que verdaderamente influyen sobre las decisiones de ahorro, inversión y consumo, tiendan a bajar.

Si además los bancos centrales mantienen los tipos básicos excesivamente reducidos, los ahorradores, inversores y consumidores recibirán una distorsionada información que les hará ahorrar poco y endeudarse mucho, realizando entonces las empresas inversiones arriesgadas y gatos excesivos los consumidores. Y si para colmo los gobiernos –todos, aunque algunos más que otros- se endeudan alocadamente al aplicar estímulos económicos y monetarios artificiales, como el Plan E de Zapatero, se llega a la terrible situación actual.

Si bien el endeudamiento privado tiende a corregirse espontáneamente -aunque con grandes dificultades cuando se combina con uno público que resta recursos a empresas y particulares-, los mercados nos han mostrado que la deuda soberana tiene un límite que, sobrepasado, paraliza la actividad económica y conduce irremediablemente a la quiebra, resultando además incompatible con la estabilidad de una zona monetaria.

No obstante, el endeudamiento no es un fenómeno reciente sino que viene de muy lejos aunque se haya disparado por los estímulos artificiales aplicados durante los cuatro años de crisis. Según datos de Intelligence Unit, el endeudamiento público mundial era ya el pasado año de 42,6 billones de dólares, casi el 60 por ciento del PIB del planeta, frente a los 28 billones de 2007 cuando empezó la crisis. Es decir, ha crecido un 50 por ciento en tres años. No obstante, en 2000 la deuda pública mundial sumaba 18 billones, por lo que resulta que durante los tres años de recesión ha aumentado en unos 5 billones -1,6 billones de media cada año-, mientras que en los siete anteriores de expansión el endeudamiento creció 10 billones -1,4 billones por año-, una diferencia por tanto muy escasa. Y se ha concentrado más en los países desarrollados que en los emergentes, al margen del color político de sus gobiernos.

El descomunal aumento del sector público y de la deuda acumulada se debe sobre todo a un Estado de Bienestar que ha ido agigantándose a lo largo del siglo y que ya dedica en prestaciones sociales alrededor del 65% del gasto público total, como sucede en la zona euro. Las funciones esenciales y tradicionales del Estado -defensa, justicia, seguridad y política exterior- suponen aproximadamente el 10% del presupuesto, mientras que el gasto corriente, obras públicas, financiación de la deuda y otros asuntos económicos se llevan alrededor del 25% restante.

Así pues, el actual problema de deuda no se debe sólo a los recientes planes de estimulo, ni siquiera en la inyección monetaria y crediticia de la década anterior, sino que estas políticas han venido a colmar un endeudamiento que se ha ido acumulando por mantener deficitarios durante muchos años los ingresos sobre los gastos. En España, durante el siglo y medio comprendido entre 1850 y 2000, solamente en 29 años los presupuestos se han cerrado sin déficit.

Insostenible gasto social

El núcleo de la crisis de la deuda actual reside en el insostenible, y en muchos casos ineficaz, gasto social –pensiones, sanidad, educación y desempleo, fundamentalmente-. Esto es lo que despierta las mayores dudas sobre la solvencia de los países que mantienen desequilibrios en sus cuentas, acumulan abultadas deudas, las refinancian con calendarios de vencimientos apretados y tienen sus economías estancadas. Los mercados de deuda saben perfectamente que recortar el gasto corriente sin tocar el social es totalmente insuficiente para hacer frente a la abultadísima deuda, que en realidad en mucho mayor de lo que indica la contabilidad oficial.

Según los criterios de la UE, no se contabilizan como déficit los compromisos de pago derivados de un sistema piramidal y de reparto de las pensiones, y de una sanidad y educación públicas que, por gratuitas y universales, generan demandas infinitas, así como tampoco las facturas emitidas por proveedores pero no pagadas por las administraciones. Teniendo presente todos estos compromisos, el pasivo total español, tanto público como privado, externo e interno, alcanzaría el 350% del PIB, es decir, tendríamos que estar tres años y medio trabajando sin consumir nada para saldar nuestra deuda.

Los mercados también expresan con claridad que un problema de deuda únicamente se soluciona con medidas que tienen como objetivo principal saldarla o, si no es posible de forma inmediata, que se plantean negociar con los acreedores una quita sobre el principal o una ampliación de los plazos de vencimientos con nuevos intereses.

Algo simple y que bien conocen las empresas y particulares que se declaran en concurso de acreedores, pero que no terminan de entender los políticos. Por ello fracasan estrepitosamente todas las alternativas que proponen: rescate de los países en quiebra con nuevos préstamos; compra de títulos por parte del Fondo de Estabilidad o del Banco Central Europeo, es decir, monetización de la deuda lo que genera inflación y transferencias de rentas desde los ahorradores a los deudores; emisión de eurobonos, o prohibición de operaciones especulativas a corto o de ventas al descubierto.

Peor es que se pretenda, como quieren el candidato Rubalcaba o el Nobel Krugman, insistir con nuevos planes de estímulo, es decir, con más endeudamiento. En esencia, todas las propuestas políticas suponen "pasarse la pelota" de un deudor a otro o, en el peor de los casos, "engordar la pelota" creando más deuda.

Ninguna empresa y particular con problemas de solvencia por haber gastado más de lo que ha ingresado durante un largo tiempo optaría por seguir endeudándose y pensaría, por el contrario, que sólo cabe ajustar drásticamente su presupuesto por el lado del gasto. Si el sentido común sigue imperando y la deuda creciendo, elegiría reducir primero la mayor partida del gasto. Parece sin embargo que este sentido es muy poco común entre la clase política de uno u otro signo.

Las funciones del Estado

Solamente el sector más opuesto al intervencionismo del Partido Republicano norteamericano parece comprender que el Estado debe volver a sus funciones decimonónicas, reduciendo su tamaño y ofreciendo prestaciones sociales de forma únicamente subsidiaria, mientras que la derecha europea es tan defensora del Estado de Bienestar como la izquierda, si no más. Basta recordar la posición que tomó Rajoy ante el sorprendente giro que realizó Zapatero cuando en mayo de 2010 anunció un tímido recorte del gasto. El presidente del PP se opuso al paquete de medidas que se concretaron en una bajada de sueldos a los funcionarios, congelación temporal de las pensiones, paralización de obras públicas, eliminación del "cheque bebé" y reducción de la ayuda al desarrollo. Y también se opusieron los populares a la única reforma de importancia realizada durante la crisis, la del sistema de pensiones, que supondrá una bajada de las prestaciones de alrededor del 20% a partir de 2013, un recorte absolutamente necesario para al menos alargar la vida de un sistema que está abocado a la quiebra, aunque seguramente llegará tarde para evitar la suspensión de pagos.

El PP se limita a decir machaconamente que el Gobierno de Zapatero ha hecho el mayor recorte de los "derechos sociales" de la historia y propone como alternativa meras reducciones del gasto corriente y la eliminación de algunas subvenciones, creyendo que así será posible recuperar la solvencia y generar empleo (sic). Cuando un partido socialdemócrata como el PSOE se atreve a recortar el Estado del Bienestar –rebaja de las pensiones y del subsidio de desempleo-, sorprende que los dirigentes del partido de la oposición que más se proclaman liberales actúen en sentido opuesto.

Este es el caso de la presidenta madrileña Esperanza Aguirre cuando defiende con entusiasmo la prestación de la sanidad de forma "universal y gratuita" y se opone al copago, al tiempo que extiende la educación pública a cada vez más colectivos y con mayores servicios. Al margen de que afortunadamente ninguna prestación es nunca totalmente universal ni gratuita, introducir el copago en la sanidad, como ya existe en casi todos los países europeos, tendría efectos beneficiosos sobre la demanda ya que sería al menos mínimamente regulada por el mecanismo de precios y no como ahora por las listas de espera o por la saturación del servicio, siendo lo de menos el efecto recaudatorio que tuviera.

Una política que tanto hace gala de sus convicciones liberales, y que en consecuencia es partidaria de reducciones impositivas, debería también entender que sin recortes del gasto las rebajas de impuestos son inútiles. Cuando las empresas y familias soportan menos carga impositiva, los recursos liberados se dirigen más a incrementar el ahorro que hacia el consumo o la inversión en las etapas depresivas. Pero si al mismo tiempo el Tesoro se ve obligado a emitir títulos con rentabilidades atrayentes, al ahorro será absorbido por el mercado de deuda pública. Así pues, las bajadas de impuestos sin reducciones paralelas del gasto público no inciden positivamente sobre el ahorro y no ayudan por tanto a salir de la crisis.

Es indudable que la derecha, además de desconfiar de los estímulos gubernamentales encaminados a reactivar la economía, es más consciente que la izquierda de la importancia que tiene mantener el equilibrio presupuestario y una presión fiscal reducida. Por eso suele ser más cuidadosa con el gasto público aunque es tan partidaria como la izquierda en dedicar ingentes partidas a la educación, la sanidad y las pensiones, los grandes pilares del Estado de Bienestar. Pero lo que más sorprende es que también la derecha supuestamente liberal sea la más firme defensora de ofrecer estos servicios sociales de forma gratuita y universal, algo que encierra en su propia naturaleza el cáncer de la insolvencia por generar demandas infinitas con ofertas limitadas.

No resulta tan extraño al comprobar que a lo largo del pasado siglo fue la derecha la que creó y luego abanderó –aunque la socialdemocracia concluyó el proceso- la monopolización por parte del Estado de unos servicios sociales que antes eran ofrecidos por instituciones privadas, religiosas muchas de ellas. En su libro La economía explicada a Zapatero y a sus sucesores, Pedro Schwartz busca los pensadores y políticos que más han contribuido en lo que él califica "la disolución de la tradición liberal clásica a manos de élites sentimentales". Cita Schwartz entre los protagonistas de este empeño al economista John Stuart Mill, al canciller alemán Otto von Bismarck, al presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt, al reformador social británico William Henry Beveridge, e incluso a John M. Keynes cuando su pensamiento "bipolar" le acercaba al liberalismo. Posiblemente habría que añadir al teórico de la justicia social John Rawls.

Todos ellos mantuvieron posturas contrarias al socialismo marxista y, desde posiciones conservadores, e incluso liberales en algunos aspectos, crearon las bases teóricas y políticas de lo que hoy se entiende como Estado de Bienestar y que, curiosamente, ha terminado siendo la principal seña de identidad de la izquierda, tanto la socialdemócrata como la comunista. Mill porque defendió la economía de mercado para la producción y el socialismo para la distribución; Bismarck porque fue el primero que instauró el sistema de seguridad social para los trabajadores industriales alemanes que luego se universalizó bajo el Tercer Reich; Roosevelt porque con su New Deal consiguió que en Estados Unidos se denomine "liberal" a lo en Europa se entiende como "socialista", Beveridge porque en su famoso informe defendió que el bienestar de la sociedad sea "responsabilidad del Estado", y Keynes porque siendo simpatizante en los años veinte del Partido Liberal comenzó a defender la posibilidad de reducir el desempleo gracias a un Estado benefactor que realice obras públicas. Por su parte, el filósofo norteamericano "liberal" Rawls defiende el papel social de los poderes públicos desde la ética al considerar injusto que no exista control individual frente a las desigualdades, siendo entonces el Estado de Bienestar el encargado de garantizar la equidad.

Todos ellos han contribuido a que nuestros políticos actuales, ya sean de izquierdas o de derechas, hayan asumido una ideología que considera "derechos" a lo que son meras "necesidades", y a complacer a sus electorados con servicios sociales cada vez más costosos sin aceptar el incómodo coste de elevar los impuestos para pagarlos. Como han demostrado James Buchanan y Richard Wagner en su obra Democracia en déficit, al romperse el nexo entre gasto público y tributación, la clase política ha descubierto que endeudándose consigue transferir la carga a generaciones futuras sin poner en peligro su poder. Y a los ciudadanos-contribuyentes sólo les queda la posibilidad de elegir entre unos políticos y otros igualmente manirrotos.

Fuente:libertaddigital.com

Cospedal quitará 500 liberados sindicales e impondrá más horas a los profesores . ¡¡ Con dos c...... !!.Bien hecho este recorte a la mafia sindical .

La presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha ofrecido los detalles del recorte del 20% a los Presupuestos de la comunidad para 2012, que pasarán de los 8616 millones de euros de este año a unos 6.800 millones. Con este plan pretende ahorrar 1.800 millones, 1.718 en gastos, y 97 más en concepto de nuevos ingresos.

Por otra parte, Cospedal se ha comprometido a iniciar el pago, en este trimestre, de los 2600 millones a proveedores, tanto autónomos como pymes.

Para alcanzar el objetivo del déficit, ha concretado medidas que incluyen la venta de inmuebles sin uso y de otros que posteriormente la Junta castellanomanchega alquilará. Además, prevé ingresar 12 millones de euros a través de la venta de acciones en sociedades privadas como Gas Natural o Telecom. Los recortes llegarán incluso a los vehículos de propiedad pública, algunos de los cuales serán puestos a la venta con el fin de recaudar hasta 4,5 millones.

El plan de ajuste pretende además eliminar la administración paralela de la comunidad autónoma, lo que conlleva la supresión de la Oficina de la Junta en Bruselas y el Defensor del Pueblo, entre otras instituciones.

En total, reduciendo los gastos de personal Cospedal espera ahorrar 391 millones. Una de los principales capítulos es el de los liberados sindicales, que pasarán de 785 a 284, lo que supondrá un ahorro de 19,4 millones.

También los profesores se verán afectados. Cospedal les impondrá más horas lectivas, en la línea de lo anunciado por Esperanza Aguirre en Madrid, y también suprimirá 200 plazas de año sabático para docentes.

Además, ha anticipado que el PP, si llega a gobernar, pondrá en marcha una ley estatal que permitirá la privatización de las televisiones autonómicas, y ha asegurado que en Castilla-La Mancha se aplicará en el ente público. De momento, su presupuesto tendrá un recorte del 20% con el objetivo de alcanzar el 50%.

Recorte del 20%

Esta decisión del Gobierno 'popular' se enmarca dentro del compromiso de ajustar el elevado déficit público de Castilla-La Mancha al máximo fijado por el Estado a 31 de diciembre, que debe ser del 1,3%. La propia presidenta explicó el pasado lunes que va a intentar cumplir el límite de déficit, "claro que sí, teniendo en cuenta que en el mes de junio en Castilla-La Mancha había un déficit del 4,9%".

El ajuste establece nuevas prioridades al gasto público para garantizar los servicios esenciales. Por ello irá acompañado de un Plan de garantía de los servicios sociales básicos, aprobado el martes por el Consejo de Gobierno, un compromiso adquirido antes de la campaña electoral para "garantizar la atención de las personas que más lo necesitan". Cospedal informará también en su comparecencia sobre este programa.

Nada más acceder al poder tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, Cospedal denunció que el anterior Gobierno socialista de José María Barreda había dejado un déficit en la región por encima del 4% a fecha de 30 de junio, cuando el objetivo para todo 2011 era del 1,3%. Los 'populares' llegaron a afirmar que la región estaba en "quiebra total".

La denuncia por parte de Cospedal del 'agujero' económico dejado por el Gobierno de Barreda fue el centro de la polémica política durante varias semanas, en las que el PP acusó al PSOE de haber ocultado la verdadera realidad de las cuentas públicas, mientras los socialistas acusaban a los 'populares' de "deslealtad" y de "alarmar con datos falsos".

A raíz de esta polémica, se elaboró un informe sobre el estado de las cuentas públicas de Castilla-La Mancha que reveló la existencia de 1.742 millones de euros de facturas sin pagar a fecha 30 de junio, algunas de ellas vigentes desde hacía un año. Anteriormente los socialistas habían reconocido la existencia de 700 millones de euros pendientes de pago.

José María Barreda llegó a admitir entonces que el Gobierno entrante de Cospedal podía tener que enfrentarse a los 1.742 millones porque en los dos meses y medio en los que se realizó el cambio de poder se habían podido acumular las facturas por valor de unos mil millones "en un momento de transición política".

Fuente:libertaddigital.com

Esperemos que sea esto un adelanto de lo que hará Rajoy en el gobierno . Si llega , claro .

Cospedal aplica el mayor recorte de gasto de la historia de España

La presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha anunciado este miércoles un severo ajuste en los Presupuestos de su comunidad para 2012. Reducirá un 20% el gasto público de la región para tratar de combatir la ineficiente gestión económica y el descuadre de las cuentas públicas heradado del anterior Ejecutivo regional del PSOE.

La medida supondrá un ahorro de 1.815 millones de euros en comparación con los Presupuestos de este año, que han alcanzado los 8.616 millones, pasando así a unos 6.800 millones. Este recorte tiene como objetivo intentar cumplir el límite de déficit fijado para las CCAA, del 1,3% del PIB. "Vamos ahorrar 1.815 millones de euros con un plan de choque contra el gasto corriente, el mayor que se ha hecho nunca en toda España.", ha apuntado Cospedal.

Respecto al objetivo de límite de déficit, Cospedal ha vuelto a recordar que a 30 de junio de 2011 su Gobierno se encontró con un déficit del 4,9% frente al 1,3% marcado por Economía. La secretaria general del PP también ha denunciado que el nuevo Gobierno tendrá que hacer frente a una deuda regional de 7.455 millones de euros, y a un total de obligaciones reconocidas y no pagadas por valor de 2.600 millones. Y todo ello con un dinero efectivo para poder gastar de tan sólo 36 millones.

La presidenta asegura que su plan de ajuste prescinde de lo innecesario y aplaza lo necesario, un plan responsable y el único posible debido a que su grupo tiene la obligación de "sanear las cuentas ruinosas con las que nos encontramos".

Instituciones innecesarias y un sobrecoste de las empresas públicas son parte de la herencia con la que se ha encontrado Cospedal al llegar al cargo. Por este motivo, el plan de ajuste se centrará en la eliminación de cerca del 90% de empresas públicas, además de los organismos que supongan una duplicidad de competencias con el Estado central tales como el Defensor del Pueblo regional o el Consejo Económico y Social (CES) de la comunidad.

Cospedal ya ha anunciado que el ajuste del gasto es una pieza imprescindible para garantizar el sistema social regional que irá acompañado de un Plan para garantizar la educación publica, la sanidad y el resto de servicios sociales básicos. Será una Comisión de Vigilancia la que revise el cumplimiento de todo el plan en su conjunto.

También ha matizado que todos estos recortes se harán a coste cero para los castellano-manchegos porque su Gobierno "no subirá ni un solo euro los impuestos a sus ciudadanos".

El nuevo gobierno popular encargó un informe sobre el estado de las cuentas de la región que reveló la existencia de 1.742 millones de euros de facturas sin pagar a fecha 30 de junio cuando el Gobierno de José María Barreda solo reconocía la existencia de 700 millones pendientes.

Tras conocer los resultados, Barreda llegó a admitir entonces que el Gobierno entrante podía tener que enfrentarse a esa cuantía ya que en los dos meses que duró el cambio PSOE-PP se podría haber inflado más de 1.000 millones de euros. Una posibilidad muy poco probable que tan solo confirma que Cospedal se encuentra ante una comunidad en quiebra.

Fuente: www.libertaddigital.com

Golpe de efecto de Cospedal, que prepara un recorte del 20% en el gasto de Castilla La Mancha

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, se dispone a anunciar este miércoles un drástico recorte en las cuentas públicas para el próximo año. Según ha podido saber EL IMPARCIAL, éste será el contenido de la rueda de prensa convocada para el mediodía por De Cospedal. Si bien las fuentes consultadas no quieren anticiparse a las palabras de la presidenta, el tijeretazo podría ser de hasta el 20% en los presupuestos para 2012, de forma que en el próximo ejercicio pasarán a ser de 6.800 millones de euros frente a los 8.616 millones del año anterior, con lo que se ahorrarán 1.800 millones, según publica Damián Villegas en el diario El Mundo. Esta decisión se inscribe en el contexto de ajustarse al compromiso de déficit adquirido, que debe ser del 1,3% de su PIB en 2011 y 2012.

De Cospedal aseguró el pasado lunes que intentará cumplir ese objetivo, aunque matizó que no sería fácil "teniendo en cuenta que en el mes de junio en Castilla-La Mancha había un déficit del 4,9%.

Todas las comunidades autónomas se comprometieron a reducir su déficit en 2011 hasta el 1,3%, para que el déficit total del Estado sea del 6%. Sin embargo, cada vez son más las autonomías que dan a entender que no alcanzarán su objetivo presupuestario, lo que puede agravar las previsiones de estabilidad presupuestaria.

Aragón fue la última comunidad que comunicó que no podría llegar a sus compromisos para este ejercicio. Su consejero de Hacienda, Mario Garcés, aseguró que llegarían al 2,7% del PIB. De esta manera, se sumó a otras autonomías como Cataluña, Baleares o la propia Castilla-La Mancha.

Presunto 'agujero' de Barreda

Tras ganar las elecciones, De Cospedal denunció que el anterior presidente de la comunidad había dejado a la Administración con un déficit del 4,9% en el mes de junio, lo que hace imposible el compromiso de déficit. Además, también ha acusado de destruir documentos que podrían dificultar el conocimiento de las cuentas. Así la presidenta manchega ha asegurado que el Gobierno que preside "se dirigirá a los tribunales y presentará la correspondiente denuncia" contra el anterior Gobierno para que se investigue la presunta destrucción de información llevada a cabo por parte del Ejecutivo de José María Barreda.

En este sentido, Cospedal ha indicado que dicho informe, hecho público por la portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Carmen Riolobos, está elaborado por el jefe de los servicios informáticos de la Junta e indica que "han desaparecido muchos archivos" de las bases de datos.

A raíz de este informe, la presidenta regional ha señalado que en próximas fechas el Gobierno de Castilla-La Mancha "se dirigirá a los órganos jurisdiccionales" para aclarar la situación.

Fuente:elimparcial.es

Estaremos más o menos de acuerdo con lo que dice en este artículo , pero se le entiende todo claramente . No se lia como ZP .

Felipe Gonzalez con Ronald Reagan durante la visita de este a España.

Debates confusos - Felipe Gonzalez Marquez

La estabilidad presupuestaria es necesaria para un crecimiento económico sostenido.Es bueno que haya un acuerdo y el mecanismo más contundente es que figure en la Constitución

Todo se mezcla en una cacofonía incomprensible para los ciudadanos! Exigencias de los “mercados”, sin identificar quiénes son; exigencias de la Unión Europea, de Bruselas, de Alemania y Francia; respuestas de líderes europeos como galgos que corren detrás de una liebre mecánica que siempre se les escapa.

¿Qué pasa en Europa? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Necesitamos estabilidad presupuestaria? ¿La necesita la Unión Europea? Todo en medio de esta crisis civilizatoria que está cambiando, a velocidad de vértigo, la economía y las relaciones de poder en el planeta. Y con ello nuestra forma de vida.

Pero, después de cuatro años de la implosión del sistema financiero de Estados Unidos y de la Unión Europea, con las consecuencias de recesión y paro, seguimos sin ver la emergencia que vivimos, o la vemos compulsivamente, como respuesta precipitada e incompleta ante cada “tirón” de la liebre mecánica que imaginaban que esta vez íbamos a atrapar, pero se nos escapa…, y ¡cada vez se agotan más los galgos!

La estabilidad presupuestaria es una condición necesaria para garantizar, a medio y largo plazo, un crecimiento económico sostenido. Los desequilibrios permanentes, con déficits estructurales y deudas acumuladas que se hacen impagables, arruinan las perspectivas de crecimiento y merman la confianza de todos los actores. La consecuencia es inexorable: no se pueden mantener las políticas de cohesión social que definen nuestro modelo. No es, o no debe ser, un problema ideológico, sino de sentido común y de responsabilidad de los gobernantes.

El disparate es el pretendido déficit cero. Una muestra de radicalismo ideológico, que no permite margen de maniobra ante los ciclos económicos. Una receta de teóricos fundamentalistas que, a veces, ocupan responsabilidades políticas para desgracia de todos, impidiendo una actuación política para contrarrestar las consecuencias de una contracción económica.

El disparate es el pretendido déficit cero. Una muestra de radicalismo ideológico

En América Latina, Chile lleva más de dos décadas trabajando con la premisa de limitar los déficits estructurales. Nadie duda, más allá de las revueltas de hoy, que ha sido el país más exitoso de la región y que sigue siendo el que más confianza interna y externa produce para quienes tienen que decidir inversiones productivas, generadoras de empleo. Está claro que, como a todos, les quedan muchas cosas por hacer, entre las que la redistribución del excedente para conseguir mayor cohesión social es una de las importantes.

Esta es una crisis de cambio civilizatorio, de gran calado histórico. Estamos viviendo la transición entre el dominio de un Occidente hegemónico durante siglos hacia un Oriente en desarrollo rápido; de los países centrales pero endeudados hasta las cejas y los emergentes que producen y ahorran lo que los primeros deben; de las economías industriales dominantes de los mercados mundiales que imponían precios de materias primas y de manufacturas hacia economías en desarrollo que reciben las inversiones que se deslocalizan de los anteriores; de una economía basada en la industria hasta otra basada en el conocimiento que está alterando las fronteras del desarrollo y crea nuevos espacios, y distintos, para competir con éxito en la economía global.

En este proceso, las respuestas de nuestros países para garantizar nuestra recuperación y nuestra inserción en el nuevo escenario global tienen que respetar, como condición necesaria, una macroeconomía sana, capaz de controlar los déficits excesivos y la acumulación de la deuda. Capaz de aprovechar los ciclos de bonanza para utilizar el margen de maniobra acumulado en los momentos de crisis. Ese es el objetivo de la estabilidad presupuestaria. Lógicamente no es lo único que hay que hacer, pero es imprescindible que se haga.

Por eso es bueno que haya un acuerdo que obligue a todos sobre la estabilidad presupuestaria en el medio y el largo plazo. Y el mecanismo más contundente para obligar a tirios y troyanos es que figure en la Constitución. Pero obligarnos a nosotros mismos con una reforma de la Carta Magna no deja de ser el reconocimiento de un cierto fracaso. Existen otros instrumentos legales para hacerlo, pero dudamos de nuestra voluntad colectiva para respetarlos y aplicarlos.

Obligarnos con una reforma de la Carta Magna significa reconocer un cierto fracaso

El ruido de fondo —primas de riesgo, acoso de especuladores, elecciones a la vista, descontento social ante la crisis— no debe ocultarnos que la propuesta es buena. El acuerdo es positivo para España, por eso sería deseable que se sumaran otras fuerzas políticas para que el consenso fuera significativo en la España plural, pero a la vez diversa que somos.

Y ahora, si no tenemos en cuenta esos ruidos que confunden el debate, es posible, porque la propuesta nada tiene que ver con el sectario “déficit cero”. La intervención de Rubalcaba lo ha hecho posible en los términos en que está redactado. Cualquier ciudadano preocupado por la salida de esta larga y dura crisis debería apreciarlo, como yo lo hago.

Queda claro, por tanto, que sin reforma constitucional también se podría haber hecho, pero que esta reforma —al estilo de las Enmiendas de la Constitución Americana— con un propósito concreto vale para asegurarnos la voluntad que nos falta. No está prevista la fórmula del referéndum para este tipo de reformas. Es doblemente lógico: no afecta a ningún elemento sustancial de la Carta Magna, ni es razonable que se traslade a los ciudadanos la decisión de si podemos tener deudas excesivas como consecuencias de déficits estructurales incontrolados e incontrolables.

Para los ciudadanos que se inquietan por los “límites” a las políticas sociales, hay que explicarles, claramente, que el mayor límite está en el endeudamiento excesivo, que nos obliga a destinar al servicio de la deuda el dinero que necesitamos para educación y salud para todos.

Pero no lo relacionemos con los problemas de coyuntura, por graves que sean, porque va más allá de estos. Y felicitémonos porque el PP ha hecho un gesto importante, el primero y único, para ayudar en esta grave crisis que atravesamos. Es lógico que traten de apuntárselo, pero la propuesta se parece poco a la producción ideológica de la FAES que los domina, con sus propuestas de déficit cero, como alumnos aventajados del Tea Party.

No solo hay que aplicarlo en España, sino hacerlo extensible a la Unión Europea en general y a la zona euro en particular. Pero esta condición necesaria no será suficiente para garantizar la gobernanza económica que está fallando —en Europa y en Estados Unidos—. Tenemos que superar ese papel de apagafuegos agónico en que se está convirtiendo la Unión Europea.

Conceptualmente nadie discute ya que en un mercado interior sin fronteras y con una sola moneda hay que coordinar las políticas económicas y fiscales de los países miembros. No se puede perder más tiempo, ni retrasar inútilmente instrumentos necesarios como el “bono europeo” antes de que se desangre país a país la zona euro y arrastre hacia su caída toda la construcción europea.

En España tenemos que acabar con el inconsistente argumento de que nos obligan los mercados, o de que obedecemos a Bruselas o a la presión de Francia y Alemania. Es verdad que estos deberían cuidar las formas y los contenidos y, de paso, cumplir ellos mismos el Pacto de Estabilidad. Pero es más verdad que en la Unión nadie obliga a nadie, pero todos, reunidos en Consejo, pueden y deben obligarse a cumplir los compromisos de gobernanza europea, con penalizaciones para quienes no lo hagan, sin excepciones.

Felipe González fue presidente del Gobierno español de 1982 a 1996.

Fuente:elpais.com

La gran farsa constitucional - Manuel Llamas

Lo realmente trágico y miserable no es tanto la inutilidad de la modificación legislativa sino el enorme ejercicio de cinismo y desvergüenza protagonizado aquí por populares y socialistas a la hora de vender un cambio que no es tal.

Al fin PSOE y PP han alcanzado un gran pacto de Estado para limitar el déficit por vía constitucional. Muchos se han alegrado de tal hazaña e insisten en que éste es el camino correcto para sacar al país del atolladero. Pues lo siento, pero ni una cosa ni otra. El consenso político tan sólo es positivo si sirve para poner en marcha las reformas económicas precisas para potenciar el crecimiento y reinstaurar la cordura en las cuentas públicas. Y el problema aquí, sin embargo, es que ambas formaciones han pactado un cambio constitucional para que todo siga igual.

En este sentido, populares y socialistas han desempeñado una vergonzosa y lamentable función teatral, consistente en alabar las bondades de una reforma inexistente. Se trata, por tanto, de un fraude político, un patético engaño electoral coordinado entre Génova y Ferraz derivado de la profunda hipocresía que ambos profesan. Y si no observen las siguientes declaraciones:

Mariano Rajoy, líder del PP: el objetivo del pacto es que las administraciones públicas "no gasten lo que no tienen".

Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del grupo Popular: "Queremos lograr que todos los responsables públicos estén sujetos a la austeridad; que no se traslade a las generaciones futuras los excesos y la mala gestión de las cuentas publicas; ahora la austeridad y la responsabilidad se convierte [...] en una obligación".

Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato socialista a la Presidencia del Gobierno: el pacto establece "unos límites razonables" de deuda, "unas finanzas estables" y una "deuda pagable".

Elena Valenciano, directora de campaña del PSOE: "La Constitución recogerá el principio de estabilidad presupuestaria a largo plazo para que España no incurra en un endeudamiento que acabe hipotecando gravemente nuestro futuro; esta ley va a garantizar, en todo caso, la cohesión social y la sostenibilidad de los servicios públicos".

La mayoría de la gente sigue pensando que los dos grandes partidos políticos han acordado una especie de techo presupuestario, por el cual el déficit público en ningún caso superará el 0,4% a partir de 2020 y la deuda no sobrepasará el 60% del PIB. Nada más lejos de la realidad. El único tope que se impone es sobre el "déficit estructural", es decir, el descuadre fiscal que registraría España en situación de pleno empleo. Dicho de otro modo, el pacto PSOE-PP tan sólo se refiere a una parte del déficit, ya que deja al margen los denominados "estabilizadores automáticos" –la natural caída de ingresos y aumento de gastos que se produce como consecuencia de una crisis–.

Si a ello añadimos que, según el texto acordado, "los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia [en donde cabe casi todo]", el resultado es que España volvería a registrar un déficit superior al 10% del PIB en caso de que la citada reforma hubiera entrado en vigor en 2007.

De este modo, lo realmente trágico y miserable no es tanto la inutilidad de la modificación legislativa sino el enorme ejercicio de cinismo y desvergüenza protagonizado aquí por populares y socialistas a la hora de vender un cambio que no es tal. Y es que los políticos seguirán gozando de manga ancha para disparar el déficit, tal y como ha acontecido estos últimos años, convirtiendo así la tan cacareada reforma en una gran farsa constitucional.

Manuel Llamas es jefe de Economía de Libertad Digital y miembro del Instituto Juan de Mariana.

Fuente:libremercado.com

¿Por qué el socialismo no quiere límites al déficit? - Ignacio Moncada

Por eso es que el socialismo se revuelve ante un límite en el déficit público. Porque trastoca el principal pilar de su política económica: el despilfarro.

En estos minutos de la basura del zapaterismo, el aún presidente del Gobierno está corriendo en dirección contraria a la que ha venido corriendo durante los pasados ocho años. Lo más curioso es que, cuando le preguntan, responde que lo hace por responsabilidad. Que lo hace por España. Sus asesores le habrán aconsejado que repita esa coletilla creyendo que le da dimensión de hombre de Estado. Sin embargo, no contaron con una duda que asalta a quien escucha el comentario: si ahora hace esto por el bien de España, ¿por qué antes hacía lo contrario?

La reforma constitucional para incluir un límite al déficit público en la más alta instancia legislativa ha sido un duro golpe para las aspiraciones socialistas en las próximas generales. Es como si Zapatero, inconscientemente, hubiera plantado explosivos en los pilares del PSOE. Ahora se ha desatado la carrera por desactivarlos antes de que el partido sea demolido. Es por eso que, como cuenta El País, una vez que Rajoy y Zapatero habían pactado incluir en la Constitución un déficit máximo del 0,35%, Rubalcaba bloqueó la negociación diciendo: "No quiero ni una cifra en la Constitución". Y sólo ha decidido apoyar la reforma una vez que el límite constitucional al déficit no incluye dicho límite. Es decir, cuando esa reforma ha dejado de tener sentido.

Dicen que no hay mayor arma de destrucción política que la división interna. Esta sombra sobrevuela actualmente el PSOE. A las lamentables perspectivas electorales y al cambio de discurso dado por el Gobierno al comprobar que estábamos al borde de la suspensión de pagos, se le suma ésta última iniciativa. Sobre el papel, a los ojos de cualquier ciudadano de a pie, la propuesta es razonable: tras ver que una mala gestión de las cuentas públicas ha provocado una gigantesca crisis sobre la economía española, tiene sentido enmendar el error y tratar asegurar legalmente que nadie pueda volver a incurrir en un despilfarro tan dañino. Entonces, ¿por qué el socialismo, incluidos partidos, sindicatos y candidato a la presidencia, se ha revuelto con tanta virulencia ante la reforma? ¿Por qué Rubalcaba dijo que "es una barbaridad"?

Sencillamente porque piensan que lo han hecho bien. Creen que durante una crisis económica, en la que lo que hay que hacer es reducir la deuda contraída durante la expansión crediticia y reestructurar los factores productivos, lo que debe hacer el Estado es gastar cuanto más dinero mejor. Que da igual en qué. Lo importante es que los políticos sigan teniendo el inmenso poder de gastar el dinero de los demás en lo que quieran y sin límite, llevando a un país hasta la suspensión de pagos si hace falta. Y que es así como se sale de la crisis. Da igual que tengamos que ser rescatados, pues entonces dirán que no se ha gastado suficiente. Por eso es que el socialismo se revuelve ante un límite en el déficit público. Porque trastoca el principal pilar de su política económica: el despilfarro.

Ignacio Moncada es ingeniero industrial por ICAI y trabaja como analista financiero de inversiones en Nueva York.

Fuente:libertaddigital.com