Merkel lo ve claro, yo muy borroso - Manuel Fernández Ordóñez

No deja de ser curioso que la primera víctima del accidente de Fukushima haya sido el programa nuclear de Alemania. Cuando no ha habido ni una sola víctima mortal por radiación en Japón (y casi 25.000 por el terremoto y tsunami) es más que sorprendente que un país europeo haya tomado tal decisión. Más aún cuando ni siquiera Japón se plantea cerrar sus centrales nucleares. Pero no se engañen, esta decisión no tiene nada que ver con la seguridad de las centrales nucleares alemanas (bastante más estricta que la de su sistema agrícola, por cierto) sino con los fines electoralistas de la canciller Merkel, vapuleada y humillada en las últimas elecciones germanas.

Alguien le ha puesto las cosas muy claras. Angelita, si quieres ganar las próximas elecciones tienes que hacerle la pelota a la izquierda y cerrar las centrales nucleares. O al menos decir que lo harás: el año 2022 queda muy lejos y probablemente ya no estemos en el Gobierno para entonces. Y en esas estamos. Ahora bien, cuando de energía se trata hay dos tipos de personas: los que han hecho las cuentas y los que no. Es decir, los que hablan con conocimiento de causa y los que hablan a través de la ideología, generalmente dictada por otros.

Así, es posible escuchar voces del ecologismo que piden cambiar las nucleares por centrales de gas, demostrando claramente su posición ideológica, irracional y contradictoria. Piden cerrar unas centrales limpias que no emiten CO₂ para abrir otras que contaminan y provocan su tan prostituido "cambio climático". ¿Cuál es entonces el problema fundamental, el cambio climático o las centrales nucleares? Aclárense por favor, porque cada vez que damos una respuesta nos cambian ustedes las preguntas. Luego hay otros que piden, directamente, cambiar las nucleares por renovables. Así, sin más, y tan anchos oiga. Obviamente, éstos últimos no se han hecho una cuenta en la vida. Pero veamos esto con un poco más de detalle.

Tecnología	España	Alemania
Gas	37,5%	12,8%
Carbón	12,9%	42,4%
Nuclear	17,8%	22,4%
Renovables	24,4%	16,3%
Otros	7,5%	6,1%

En la tabla se muestra el porcentaje de electricidad producido por cada una de las tecnologías en España y Alemania durante el año 2009. Estos datos oficiales muestran las diferencias fundamentales que existen entre nuestro sistema eléctrico y el alemán. Si bien tenemos un porcentaje similar de energía nuclear, existe una gran divergencia en otros sectores. Alemania tiene muy poco gas natural mientras que en España esta tecnología constituye la base de la generación eléctrica junto con las nucleares.

La diferencia fundamental, sin embargo, estriba en el carbón. Mientras en España esta tecnología está en franco declive y paulatina desaparición, Alemania basa su producción eléctrica en esta materia prima caracterizada por ser la que más gases de efecto invernadero emite. Para que nos hagamos una idea, Alemania produce con carbón el equivalente al total de la electricidad que consumimos en España. El sector del carbón tiene mucha fuerza en el país germano, no en vano las subvenciones europeas al carbón vieron la luz ante la necesidad de mantener artificialmente la producción de la cuenca alemana del Ruhr. ¿O es que se pensaban ustedes que en Europa habían decidido subvencionar el nefasto carbón asturiano y leonés por nuestra cara bonita? Si no fuera por Alemania, hace ya años que nuestras minas estarían cerradas. Este invierno hubo un serio amago, pero que se vayan preparando los de las cuencas mineras que viven a costa del dinero de los demás. El chollo se acabará en 2018. Y la culpa no es de los mineros, sino de los apesebrados dirigentes que llevan 25 años viendo cómo las cuencas mineras se desintegran sin hacer absolutamente nada que no sea poner el cazo cuando cae el dinero de Europa. Dense ustedes una vuelta por mi tierra, Asturias, enseguida entenderán de qué les estoy hablando.

Nuevamente la incongruencia política se hace más que palpable en el momento en que uno pone una tabla con cuatro números. Los mismos políticos alemanes que se llenan la boca con la sostenibilidad, basan el sistema eléctrico de su país en el carbón y, mientras pretenden cerrar las limpias centrales nucleares, construyen 8.000 MW más de centrales de carbón. Con el cierre nuclear alemán casi el 75% de su electricidad se obtendrá con combustibles fósiles. No crean ustedes que el cierre de las nucleares se solucionará poniendo molinos eólicos. Las centrales nucleares (si las cierran) se sustituirán con electricidad nuclear comprada a Francia, con carbón comprado a Polonia y, sobre todo y aquí está lo más grave, con gas natural comprado a Rusia.

Todo esto mientras la "verde" izquierda alemana le ríe las gracias a Merkel. Se convertirán en uno de los países con más emisiones de efecto invernadero de Europa, con un mayor grado de dependencia exterior y se gastarán miles de millones de los contribuyentes en instalar energías renovables que ayudarán tibiamente al clima pero que ocasionarán otra miríada de problemas de índole económica. Un enorme paso atrás, pero Merkel está siguiendo a rajatabla a Maquiavelo en el capítulo XVIII de El Príncipe. Nada importa si se ganan las próximas elecciones...

Manuel Fernández Ordóñez es doctor en física nuclear.

Fuente:libremercado.com

Puesta de sol en Neda .

A pesar de todos los problemas políticos y económicos que padecemos . A pesar de no vivir en una democracia liberal debido a la supeditación del podel judicial al poder político . A pesar de la intervención , cada vez más asfixiante , del poder político en la vida de los ciudadanos , a pesar de todo ello aún quedan cosas maravillosas de las que disfrutar , como esta puesta de sol que pude contemplar desde Neda .

Esperanza Aguirre: libertad para hacer posible lo deseable

Algunos tratadistas de la ciencia política han distinguido entre dos clases de políticos: los de demanda y los de oferta. Los primeros se limitarían a gestionar el statu quo haciendo lo que piensan que demandan los votantes y dejando que las cosas permanezcan más o menos como están. Los "políticos de oferta", sin embargo, serían aquellos que anuncian lo que hay que hacer para que las cosas mejoren, se esfuerzan en explicar su ideario a los ciudadanos y plantean las etapas para llegar al objetivo y las desarrollan contra viento y marea. Los "políticos de oferta" articulan su programa de gobierno en torno a unas ideas y unas propuestas que, si bien pueden desafiar aspectos básicos del statu quo político, cultural, social y económico vigente en un momento determinado, terminan siendo aceptadas por la mayor parte de la población y de esta forma dan lugar al nacimiento de un nuevo consenso o paradigma, que condiciona durante un largo período de tiempo los contenidos de las ofertas programáticas, de las fuerzas políticas, con vocación de convertirse en gobierno.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha vuelto a dejar de manifiesto en su discurso de investidura que es y aspira a ser, todavía en mayor medida, un ejemplo de esta última categoría de políticos. Tanto su ideario como sus propuestas para hacer que las cosas mejoren pasan por dotar a los ciudadanos de mayores cotas de libertad individual. Ese es el transfondo y el denominador común de muchas de sus propuestas, tales como la de desbloquear las listas electorales para que los ciudadanos tachen a los candidatos que no consideren aptos, la austeridad en el gasto público, el equilibrio presupuestario, las reducciones de impuestos o la libre elección de colegio. Aguirre ha vuelto a mostrase fiel a sus ideas y principios liberales, convencida de que son perfectamente compatibles con su compromiso de "gobernar para todos" y con su oferta de "diálogo" a la oposición para abordar la difícil situación económica.

No le ha faltado al discurso de Aguirre una valiente crítica al ministro del Interior y a los desmanes del movimiento del 15-M por la "coacción" sufrida en la constitución de los ayuntamientos celebrada el pasado sábado. Si Aguirre ha reprochado a Rubalcaba que olvidara "el juramento que hizo de cumplir y hacer cumplir las leyes" al no actuar contra quienes acudieron a las casas consistoriales con "ánimo" de torpedearlas, a estos les ha dicho que "quienes primero deslegitiman la democracia" y después "toman la calle" no son otros más que "los precursores de los sistemas totalitarios".

Y es que, frente a una falaz apelación a una "democracia real" y a una "indignación" que, al traducirse en violencia y en violación de elementales normas de convivencia, nada tiene de democrática, Aguirre ha vuelto a mostrar que la libertad es el medio para hacer posible lo deseable, incluido el de tener una democracia digna de su nombre y libre de falsos apellidos.

Fuente:Editorial de libertaddigital.com

Libertad y fuerza - Carlos Rodriguez Braun

Criticó Luis G. Montero a Esperanza Aguirre en Público: "habla de la libertad de los padres para llevar a sus hijos a los centros escolares que deseen. Conviene aclarar que esto no significa que los colegios para niños ricos vayan a ser obligados a recibir alumnos gratuitos". Pero no hay colegios sólo para ricos sino colegios más o menos caros, y en la sociedad libre no se puede obligar a la gente a que dé cosas gratis, salvo en una sola circunstancia clave, que el señor Montero ignora.

Para él, cuando los padres pueden elegir libremente a qué colegio llevan a sus hijos, en realidad no eligen libremente: "La trampa de confundir la libertad con la falta de regulación social sólo sirve para suprimir derechos. Todo huele a programa ideológico y a estrategia para financiar con dinero público a las élites sociales, siempre incómodas con la experiencia democrática". Es notable que la mayor libertad no sea para él un derecho, sino que lo sea la coacción. La libertad es algo ideológico (como si él no tuviera ideología) y siniestro que sirve para pagar con dinero público a la elites antidemocráticas, lo que es falso, porque a las elites les encanta la democracia, precisamente porque la utilizan para usurpar el dinero del pueblo: eso es lo que hacen las elites políticas, sindicales, intelectuales, mediáticas y empresariales. A quienes nadie pregunta si quieren pagar o no es a los ciudadanos.

Esta es la visión que tiene el señor Montero sobre la libertad ciudadana: "Esperanza Aguirre es coherente con su idea de la libertad: sálvese quien pueda en la ley del más fuerte. Frente a su neoliberalismo desatado, conviene recordar la dimensión social de la palabra libertad, sus orígenes cívicos en un contrato de convivencia. Es otra idea de libertad que tiene que ver con los espacios públicos capaces de asegurar el desarrollo justo de las posibilidades individuales".

Aquí tenemos la circunstancia clave que don Luis ignora: la libertad no es la ley del más fuerte, puesto que en la sociedad libre, en el mercado libre, podemos elegir qué cosa queremos comprar, y si no compramos, no pagamos y no pasa nada. ¿Cuándo se impone esa ley del más fuerte? ¿Cuándo los ciudadanos son efectivamente obligados a pagar contra su voluntad por unos bienes y servicios independientemente de que quieran hacerlo o no? ¿Quién puede obligar a los ciudadanos a pagar e incluso meterlos en la cárcel si no pagan? Sólo el Estado, claro.

Don Luis ignora el carácter esencialmente coactivo del Estado: para él lo malo es el "neoliberalismo desatado" de "la ley del más fuerte", sin que parezca percibir que nadie es más fuerte que quien es fuerte por ley. Por eso se pierde en vaguedades como "un contrato de convivencia", que remite al viejo contrato social, y que jamás ha podido resolver un problema que los contratos resuelven por definición: siempre es posible no firmarlos. Y al final concluye con esa deliciosa apelación a los "espacios públicos capaces de asegurar el desarrollo justo de las posibilidades individuales". Con consignas abnegadas de este tenor, el socialismo en todas sus variantes lleva aplicando la ley del más fuerte y quebrantando vidas, derechos, libertades y haciendas desde hace un siglo.

Fuente:libremercado.com

¿Reforma del Estado de bienestar? No, cierre total

“¿Quiere conservar el Estado del Bienestar? Pues dígame usted cómo lo hacemos”. Con esta frase resume el economista Pedro Schwartz la inevitabilidad de hacer recortes en un sistema de protección que, afirma, resulta demasiado caro. Pero su intención va más allá de cuestionar que haya o no dinero para conservar los actuales niveles de prestación, apuntando hacia el cambio en la misma concepción del Estado. “Nos hemos acostumbrado a que nos den todo hecho y a que todo sea gratis. No queremos pagar por la comida que nos sirven cuando estamos en el hospital pero sí por la comida que nos dan cuando estamos de vacaciones en Alicante. Pues ese sistema de incentivos no funciona. Está claro que tendremos que tener menos vacaciones y pagar más por la salud”.

Así las cosas, y aunque todas las instancias políticas aseguren que el Estado del bienestar no peligra, lo cierto es que para cuando se terminen de realizar los recortes que se propugnan, lo que quede va a parecerse muy poco al tipo de Estado social que se implantó en España y menos aún al que conoció en Europa en las décadas centrales del siglo XX. Pero es algo totalmente necesario, señala Schwartz, “porque la sanidad está quebrada (incluso lo ha afirmado públicamente el portavoz de CIU en el congreso, Josep Antoni Durán i Lleida) y aunque funcione muy bien y su calidad sea muy alta, no se puede pagar; a las pensiones se les ha tenido que poner un parche para poder sostenerlas, pero sólo es un parche; la ley de dependencia, que es lo primero de lo que debería ocuparse el Estado del bienestar, de atender a los enfermos de larga duración y a los mayores, no se ha podido poner en marcha porque no hay dinero; y la educación es gratuita pero nos cuesta mucho y no está dando buenos resultados, como se nota en la grandísima tasa de abandono escolar y en la gran cantidad de analfabetos funcionales existentes”.

Y eso sin entrar, asegura Rafael Pampillón, Director de Análisis Económico de IE Business School, en las disfunciones de gasto que nuestra arquitectura institucional está generando. “Hay que recortar gasto público suntuario e innecesario, empezando por las embajadas de las Comunidades Autónomas y siguiendo por ese montón de observatorios que han puesto en marcha (el de la mujer trabajadora, el de la mujer maltratada, etc) o por esos tribunales de la competencia que han creado en lass CCAA. Además tenemos 3000 empresas públicas en los ayuntamientos y unas 1000 en las CCAA. Ahí hay un campo importante para meter el hacha”.

Pero eso no bastaría, afirma Pampillón, ya que las reformas deberían dirigirse, como apuntaba Schwartz, al núcleo de las prestaciones del Estado social, las pensiones, la sanidad y la educación. “Hemos de hacer muchas cosas en ese campo, porque ¿qué sentido tiene que un peruano que está trabajando de cajero en un hipermercado tenga que pagar con sus impuestos la educación de los ricos? ¿Por qué tiene ese hombre que financiar la matrícula universitaria del nieto de Botín, por poner un caso?”. Por supuesto, señala Pampillón, en asuntos como la sanidad hemos de ir hacia el copago. “La hora de médico de la sanidad pública es muy cara, y si pones incentivos para que la gente sólo vaya cuando tiene que ir, se reducirá el número de horas por médico y con ello el coste de la sanidad”. Schwartz coincide en la necesidad de la medida, subrayando que “en Alemania se pagan diez euros todos los trimestres para ir al médico general y los franceses pagan cuando van al médico, aunque luego se lo devuelvan. Así evitas abusos”.

Pero el asunto no debería agotarse en las reformas para abaratar costes. “Tiene que darse en la sociedad un cambio cultural que nos haga ser conscientes”, asegura Schwartz, “de que debemos responsabilizarnos de nosotros mismos en lugar de esperar que el Estado venga a resolvernos los problemas”. Como afirma Pampillón, “cada vez hay más gente que entiende que debe pagarse su sanidad, su educación y la de sus hijos y sus fondos de pensiones. Lo cual es muy positivo, además, porque la intervención del Estado para resolver estos problemas tiene un coste de intermediación tremendo”.

Pero si todos estos cambios se llevan a efecto, como ya está ocurriendo en países como Holanda o Gran Bretaña, donde los gobiernos están acometiendo reformas severas, nos encontraremos también con un nuevo panorama político. Entre otras cosas, asegura Francisco Herrero, Científico titular en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos (CSIC) y autor de La ideología y la práctica. La diferencia de valores entre izquierda y derecha (Libros de la Catarata), porque estaremos tocando la más importante de las bases ideológicas de la izquierda parlamentaria, el Estado de bienestar. “Hablamos de la construcción de un modelo de estado que fue creado gracias a la izquierda y que está en el núcleo de su ideología. El Estado social garantiza a través de la redistribución los valores de igualdad comunidad y libertad que la izquierda defiende”, por lo que se trata también de una exigencia a la que difícilmente van a renunciar las formaciones socialdemócratas.

Pero además de la defensa ideológica, también está la electoral. “Si la izquierda parlamentaria favorece los recortes, es más que posible que parte de sus bases se alejen de ellos. Máxime cuando los recursos que proporciona el Estado del bienestar suelen ir destinados a sus electores, esto es, a esas clases populares que suelen resultar favorecidas en respecto de las prestaciones sanitarias, educativas, etc. Si hay reformas profundas, es lógico pensar que ese apoyo popular a la izquierda puede deteriorarse, salvo que logren convencer a sus electores de que, aun siendo necesarios los recortes, van a defender un núcleo en pensiones, educación, y sanidad, y que están haciendo las reformas justo para preservar ese núcleo”.

En otro caso, lo más probable es que las tensiones políticas vayan en aumento. Cuando la derecha ha hecho las reformas, como parece que será el caso a partir de las próximas elecciones generales, suele encontrarse con mayor oposición social que cuando las hicieron los partidos socialdemócratas. Y a esa probable contestación social se le va a sumar el desafecto de una población, que como se ha visto en las movilizaciones del 15-M comienza a no creer en el sistema, por lo que el aumento de la tensión política parece inevitable, asegura Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense. Si bien Herrero cree que, “a pesar de todos los recortes que se han dado en el Estado del bienestar, las desigualdades no están aumentando demasiado (hay países con Gran Bretaña donde sí ha ocurrido, pero en otros países se ha dado en grado menor, como en Francia o Alemania) y está por verse que aumenten los próximos años”, para Monedero es claro que el choque social va a existir y va a ser de notable intensidad. “Estamos en un instante en que el capitalismo, que está en crisis, ha de decidir el camino que va a seguir, optando por reinventar el modelo, o por recuperar la tasa de ganancia empresarial sobre las espaldas de la gente.

La élite económica puede entender el salario como un ingreso social, manteniendo así los elementos del estado social, o puede optar por mantener la tasa de beneficios reduciendo los salarios al máximo y desmantelando las prestaciones sociales, ahorrando así costes a las empresas en manos de obra y de impuestos”. Para Monedero, esta segunda posibilidad, que es la más probable, “nos llevaría a una situación de dualización, forjando una sociedad tipo China que no es acorde con lo que han sido los estándares y patrones europeos” e implicaría cambios políticos de notables dimensiones. En ese caso, los partidos de la izquierda socialdemócrata perderían el apoyo social que poseen, “y dado que hablamos de formaciones que están paralizadas por su propia lógica institucional, la gente saldría a la calle, como está haciendo ya, a decir, que si los partidos no les entienden, tendrán que buscarse alguien que les entienda”. Es decir, que acabaríamos por vivir dos legalidades, la institucional y la de la calle. La gente está cansada de esta retórica económica que se ha convertido en un arcano ininteligible. No entiende lo que se les dice, pero saben que se están quedando sin trabajo y sin casa. Por eso, concluyen Monedero, “esto no ha hecho más que empezar”. Un buen ejemplo está en Madrid, pero también en Atenas. “Allí tienen que privatizar medio país para pagar el rescate. ¿Y qué van a hacer? ¿Le van a vender el Panteón a McDonalds? Para Monedero, “esta divergencia entre política institucional y realidad nos está dirigiendo a un contexto muy similar al que vivió la Europa de entreguerras”.

Fuente:elconfidencial.com

¿Por qué no lo paga usted, Sebastián? - Manuel Fernández Ordóñez

Érase una vez un Gobierno que decidió hacer una apuesta desproporcionada por cierto tipo de generación de energía eléctrica. La apuesta fue decidida, sin dudas ni titubeos. Hicieron y deshicieron las leyes a su antojo, cada una peor que la anterior, con la impasibilidad que otorga el saber que nadie les pedirá responsabilidades más allá de enseñarles la puerta de atrás del Congreso de los Diputados. Al menos en este país... y así nos va.

El año 2010 finalizó con 27.000 MW de potencia instalada de ciclos combinados que queman gas. A su vez, la potencia eólica instalada ascendía a 20.000 MW. Para que nos entendamos, uno de cada cuatro MW instalados en España corresponde al gas, uno de cada cinco a los aerogeneradores. Estas dos tecnologías han crecido espectacularmente en los últimos tiempos. Hace apenas siete años la potencia de ciclos combinados era de 4.500 MW, mientras que la eólica ascendía a 5.500 MW. Ambas juntas representaban el 15% de la potencia en España, mientras que ahora alcanzan casi el 50%.

El crecimiento de la energía eólica se entiende perfectamente cuando uno presta atención a las jugosas subvenciones otorgadas a esta tecnología eléctrica. El crecimiento de las centrales de gas, en cambio, se puede explicar mediante un doble motivo: por un lado suponían una alternativa más limpia a las centrales de carbón. Por otro, su construcción es relativamente rápida y su coste mucho menor que una central nuclear, lo que permitía recuperar la inversión más fácilmente.

El problema es que el mercado eléctrico ha sido adulterado de manera artificial, agravando aún más la inseguridad jurídica que ya era patente en el mismo. Un intervencionismo estatal desmesurado y favorable a las energías renovables ha colocado el sector gasístico español en una situación delicada con escasos atisbos de solución. La legislación eléctrica española otorga preferencia de despacho a las energías renovables. Esto implica, de hecho, que en el momento en que el viento sople los españoles estamos obligados a comprar toda la electricidad proveniente de los molinos eólicos pagando por ella, además, un precio muy superior al del mercado. Por tanto, el efecto de alteración del mercado tiene una doble vertiente: por un lado estamos obligados a comprar la electricidad que nos obliga el Gobierno y, por otro, cada vez se instalan más energías renovables debido a sus fuertes subvenciones. Esta asimetría ha colocado al sector del gas en una posición muy delicada.

Las centrales de ciclo combinado están funcionando, en promedio, muchas menos horas anuales de las previstas en sus cálculos de amortización. De hecho, están funcionando al 30-40% de su capacidad con la previsión de empeorar aún más a medida que aumenta la penetración de energías renovables en el sistema. Esto puede implicar dos cosas: o bien los inversores perderán dinero y, a la vez, su interés en nuevas inversiones o tendrán que vender la electricidad más cara en el mercado mayorista para recuperar parte de las pérdidas que origina la preferencia de despacho renovable. El primer caso genera desempleo y pérdida de riqueza, el segundo también puesto que una electricidad más cara genera desempleo en el resto de sectores económicos que la utilizan como materia prima.

Sabemos que está en el ADN del intervencionismo intentar solucionar sus errores con más intervencionismo y el sector eléctrico, por supuesto, no iba a ser una excepción a la norma. Ante las quejas de los gasistas, el ministro Sebastián ha decidido subvencionar el sector con unas centenas de millones de euros para paliar ligeramente la situación. Un breve resumen de la situación sería el siguiente: tenemos unas energías (renovables) muy caras e incapaces de competir en el mercado. Este hecho, lejos de ser un motivo para rechazarlas, hace que se subvencionen enormemente, incitando a su instalación masiva. Por si esto fuera poco, se les da preferencia a la hora de vender, con lo que expulsan del mercado a otras tecnologías claramente competitivas. Estos últimos protestan por la situación y el ministro decide también darles subvenciones, en lugar de retirárselas a los primeros solucionando el problema y ahorrándonos a los españoles, de paso, más de 5.000 millones de euros al año.

Con subvenciones crean un problema y con más subvenciones pretenden solucionarlo. Lo que viene después ya lo tenemos claro, ¿verdad? Y yo me pregunto ¿esto por qué no lo paga usted, señor ministro? En su defecto, con que dejara de ejercer tanta presión fiscal con el ánimo de despilfarrar nuestros ahorros de esta forma le estaría realmente agradecido. Y ya de paso, si se dignara usted a tomar la decisión sobre el emplazamiento del ATC dejaríamos de regalarle 60.000 euros diarios a Francia. Mientras tanto, le ruego tenga en consideración mi humilde petición de dimisión de su cargo, la economía española se lo agradecería.

Manuel Fernández Ordóñez es doctor en física nuclear.

Fuente:libremercado.com

Pepinazo contra el contribuyente -Juan Ramón Rallo

Seamos políticamente incorrectos y ganémonos unos cuantos enemigos. ¿Deben los contribuyentes europeos compensar a los agricultores españoles por las pérdidas millonarias que han padecido a cuenta de las injustas acusaciones de una política alemana? "No", responderé, por mucho que algunos piensen que estoy tirando piedras contra nuestros agricultores o contra nuestro país.

¿Cuál es la base del argumento que justifica que los contribuyentes de toda Europa, unos personas que ni han pinchado ni han cortado en la gestación de esas pérdidas de los agricultores españoles, tengan, en última instancia, que pagar los destrozos causados por un tercero –una tercera, en este caso–? Como es obvio, la defensa de la indemnización no puede ser tan simple como propugnar que todo aquel individuo que experimente pérdidas reciba una compensación pública, pues en tal caso los errores empresariales se verían perpetuados a costa de los aciertos.

Tampoco resulta muy razonable argumentar que, como ha sido un político el responsable de las pérdidas, debe ser el sistema quien se encargue del resarcimiento. El sistema carece de recursos propios, de modo que los paganinis al final serían los contribuyentes. Ni siquiera resultaría razonable que fueran los contribuyentes alemanes quienes sufragaran las indemnizaciones, pues la pifia fue de una consejera de Hamburgo a la que ni mucho menos todos los teutones han votado. ¡Ay si los españoles tuviéramos que responder por las declaraciones de nuestros Montilla, Camps, Carod-Rovira, Ibarretxe! Si acaso, cabría defender que los votantes de la susodicha se hicieran cargo de las pérdidas, aunque tal propósito se topa con la inexistencia de listas públicas que liguen al elector con su representante.

Así pues, la única justificación que cabría buscar para la indemnización pública es la de que los Estados, a modo de seguros sociales, deben hacerse cargo de los quebrantos que no sean responsabilidad directa de los damnificados: sequías, inundaciones, terremotos, incendios y, también, políticos bocazas.

El problema de este razonamiento ­–que podría encontrar sus fundamentos en las teorías de autores tan liberales como Hayek­– es múltiple. El más inmediato es que la línea divisoria entre pérdidas que son responsabilidad directa del damnificado y pérdidas que no lo son es bastante difusa: una persona que adquiere un inmueble en Tokio, ¿tiene que cargar con los desperfectos que provoque en éste un terremoto? Un empresario que decide fabricar muebles en plena burbuja inmobiliaria, ¿es responsable de su infortunio una vez se agote el crédito artificial? Un agricultor que opta por seguir siéndolo en unos países tan sumamente politizados como los de la Zona Euro, ¿es responsable de los perjuicios que los políticos le causen?

Probablemente haya sobrados motivos para decir que no. Sea como fuere, el argumento es reversible. Si las personas no son responsables de las pérdidas que escapan a su control directo, ¿deberían lucrarse con los beneficios extraordinarios que no dependan de sus decisiones empresariales? La única respuesta coherente es no.

Tengamos presente que este supuesto es muy amplio: ¿qué debería suceder si una escasez sobrevenida de pepinos chinos (el 75% del total mundial) eleva el precio de los pepinos españoles y, consecuentemente, genera suculentas ganancias a los productores de estos últimos? ¿Qué decisión política habría que adoptar en caso de que una nueva dieta basada en el pepino elevara exponencialmente la demanda del mismo? ¿Habría que forzar a los agricultores españoles a que devolvieran a la comunidad sus beneficios extraordinarios? Me parecería una aberración. Sea como fuere, no es coherente defender que las pérdidas derivadas de las fobias irracionales se socialicen y las ganancias ocasionadas por filias alocadas no.

Por encima de todo, creo que existe un motivo fundamental para rechazar el argumento de que el Estado se convierta en una suerte de Gran Asegurador. El mercado es lo suficientemente flexible como para permitir el desarrollo de instrumentos que permitan a las empresas y a los particulares protegerse de todas estas contingencias: ahí están, por ejemplo, los seguros agrarios o los contratos de futuros. El hecho de que no se hayan extendido a un ámbito económico concreto (como los pepinos españoles) no justifica que haya que prescindir del mercado. En ocasiones, para que el uso de herramientas así comience a extenderse es necesario que aparezcan circunstancias nuevas que, a su vez, provoquen nuevas respuestas empresariales. La rareza, la falta de recurrencia de las contingencias trabaja en contra de la emergencia de una infraestructura protectora. De todas formas, la intervención pública redistribuidora sobra: bien porque frena el desarrollo empresarial, bien porque son los propios agricultores quienes, en última instancia, deciden prescindir del aseguramiento de sus productos.

Por mucho que nos molesten la ligereza teutona y las pérdidas que ésta ha ocasionado a los agricultores españoles, me temo que la respuesta no debería pasar por expoliar a unos inocentes (los contribuyentes europeos), sino, en todo caso, por exigir daños y perjuicios a la consejera hamburguesa. Los agricultores no tendrán la menor responsabilidad en lo ocurrido, pero qué decir de los contribuyentes, y sería tremendamente injusto hacerles pagar los platos rotos.

JUAN RAMÓN RALLO, jefe de Opinión de LIBERTAD DIGITAL.

Fuente:libertaddigital.com

Debates en Libertad: Schwartz explica economía en dos tardes

Fuente:libertaddigital.com